El proyecto de Ley de Salud Pública inicia su tramitación parlamentaria tras superar el debate a la totalidad

La consejera de Salud en su comparecencia en el Parlamento andaluz para presentar el proyecto de Ley de Salud Pública de AndalucíaEl proyecto de ley de Salud Pública de Andalucía ha iniciado  su tramitación parlamentaria tras superar el debate a la totalidad en el Pleno celebrado ayer.

La consejera de Salud, María Jesús Montero, explicó en la sesión celebrada el 28 de septiembre en el Parlamento, que el proyecto de ley “es un elemento más de un proceso de cambio iniciado en 2006” y que ha permitido “desarrollar nuevos sistemas de vigilancia, la creación de una red de alerta de salud pública, la prevención y control de enfermedades infecciosas, así como el desarrollo de programas específicos para afrontar diversos problemas de salud pública”.

Se trata de un texto que introduce la perspectiva de la salud colectiva como eje transversal de las políticas, que deja atrás del carácter asistencial del sistema para abundar en las políticas de prevención y promoción, y que redefine la salud pública para adaptarla a las nuevas necesidades. Según la consejera de Salud, la futura Ley de Salud Pública servirá “para prevenir las enfermedades, prolongar la vida de las personas y mejorar la salud mediante acciones colectivas”.

Entre las principales novedades introducidas en el texto del proyecto de la ley de Salud Pública de Andalucía está que los planes y programas de la Junta de Andalucía así como los instrumentos de planeamiento urbanístico en general y aquellos que afecten a áreas urbanas especialmente desfavorecidas, las actividades y obras, tanto públicas como privadas, requerirán para su aprobación de un informe que evalúe su impacto en la salud colectiva.

El objetivo es, según indicó la consejera de Salud, “identificar los impactos positivos de un plan, programa o proyecto sobre la salud, el bienestar y la calidad de vida y aprovechar al máximo sus potencialidades, y, asimismo, identificar sus impactos negativos y evitarlos”.

En la línea de la apuesta por la innovación, el texto también incluye el principio de autorregulación, que posibilita al tejido empresarial aumentar sus niveles de protección de manera voluntaria y, por ende, gozar de incentivos vinculados a los sistemas de ayuda económica o financieras, y el principio de precaución para todas las áreas de protección de la salud, y no sólo para la línea de alimentaria, tal y como estaba reconocida hasta ahora.

Asimismo, el texto establece derechos de nueva generación, sitúa a la ciudadanía como eje central de las actuaciones y garantiza la equidad generacional, un principio normativo por el que cada generación tendrá la obligación de asegurar la salud colectiva y que el entorno que la posibilita se mantenga y mejore en beneficio de las futuras generaciones.

En la ley se regulan, además, los derechos y las responsabilidades de la población respecto a la salud colectiva, las garantías para su cumplimiento y los fines y principios que deben regir la nueva organización de la salud pública en el marco de la sociedad actual.

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